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El senador Félix Bautista dijo ayer que una amplia investigación resumida en un auto de 93 páginas establece que no cometió ningún delito contra el Estado y que, por esa razón, la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) archivó las denuncias en su contra.

Sostuvo que las denuncias y querellas fueron hechas en el marco de la campaña electoral de mayo de 2012 y jamás se hizo aporte de pruebas que comprometieran su responsabilidad penal.

El 13 de agosto de 2012, el DPCA emitió el auto no. 03093, donde archiva de manera definitiva las denuncias del PRD, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios de comunicación, sobre supuestos actos de corrupción cometidos por el senador de San Juan de la Maguana.

Antes de eso, la Alianza Dominicana Contra la corrupción (ADOCCO) depositó ante la secretaria de la Suprema Corte de Justicia una objeción contra el dictamen del ministerio público, representado por la DPCA,

Bautista dijo que antes de tomar la decisión, la DPCA analizó 17 puntos de las denuncias del PRD, de la periodista Nuria Piera, el diario digital Acento.com, Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADDOCO), la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y la querella interpuesta por Josefina Juan de Pichardo, Juan Tomás Taveras Rodríguez y Rafael Percival Peña.

El caso de la Sunland
Dijo que la DPCA estableció que el 18 de diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia relacionada con el caso Sun Land. Agregó que al examinar la referida decisión y los documentos acreditados por ella misma, se determinó que el referido contrato fue resuelto de manera definitiva, o sea, que las partes suscribientes decidieron dejar sin efecto el alcance y contenido. “La DPCA investigó y analizó, a través de un auditor forense, todos los movimientos de la cuenta Sun Land en el Banco de Reservas y los movimientos de las cuentas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), estableciendo que la Sun Land nunca depositó dinero en las cuentas de la OISOE”, agregó.

Sostuvo que la Sun Land certificó haber pagado todas las notas promisorias y se aclaró que nunca hubo registro como deuda pública, ya que ese era un préstamo a los contratistas, por lo que el Estado nunca recibió dinero de la Sun Land ni pagó dinero a esta institución.

Mientras, la DPCA dijo que el Codia certificó, a través de auditoría, que las obras fueron ejecutadas satisfactoriamente y a costos razonables.

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LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS EN HAITÍ
Explicó que la Constructora HADOM y la Constructora ROFI, de su propiedad, están registradas en Haití, conforme a las leyes de ese país, como prueba Gaceta Oficial Le Moniteur de esa nación. La firma de los contratos con esas empresas cumplen el decreto que declara la urgencia de Haití, de fecha 19 de abril 2010; con la Ley de Mercados Públicos de Haití, No. CL-06-2009- 009 en sus Art. 29, Art. 29-1, Art. 33, Art. 34-1, según Bautista. Dijo que eso fue confirmado por el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo de Haití, en la comunicación No. 093, de fecha 2 de julio de 2012, dirigida a Monsieur Enex Jean Charles, secretario general de La Primature.

Sostuvo que la información, obtenida a través del estudio de los 41 contratos, muestra que fueron firmados en el período comprendido entre el 08 de noviembre 2010 y el 12 de octubre 2011, de conformidad con la Ley del 19 de abril 2010, prolongando el estado de emergencia. “Así que la lógica de la temporalidad en el estado de emergencia se ha cumplido”, declaró el ingeniero Bautista.

Fuente Listindiario.com.do

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