SE DISCUTIRA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS ANTE PROYECTO REGULARA PUBLICIDAD ESTATAL

La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, escuchó la posición de los representantes de medios en torno al proyecto de ley que regula la publicidad estatal. En vistas públicas, el presidente de la Comisión, Nelson Guillén explicó a los participantes el objetivo del encuentro, al tiempo que recibió por escrito la propuesta de los canales de televisión VHF, en un documento firmado por sus representantes.  

Durante la vista pública, la Comisión de Medios de Comunicaciones discutió con los canales de cables, VHF y radiodifusores todo lo relativo al artículo nueve, que establece que los medios de comunicación electrónicos dispondrán a favor del Estado dominicano 48 minutos diarios en su transmisión. Indica que ese tiempo equivalente a dos minutos por hora serán destinados a la difusión de información y difusión de las campañas institucionales de prevención y educación de las diferentes instituciones del Estado. De acuerdo a la pieza de la autoría del diputado Eugenio Cedeño Areché, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), tendrá la responsabilidad de la administración, distribución y asignación proporcional de los tiempos a las diferentes instituciones del Estado y vigilará el cumplimiento de esa disposición.

En el encuentro participaron los diputados Luisín Jiménez,Carlos Gabriel García, Rubén Maldonado, Esther Minyety, Manuel Elpidio Báez, José González, Ramón Dilepcio Núñez, Víctor Gómez Casanova, Aridio Reyes, Félix Castillo, Rafael Abreu, Frank Soto, Alejandro Jerez y José Francisco Santana. En tanto que los medios estuvieron representados por Domingo Bermúdez (Color Visión y Banda VHF), Domingo del Pilar (Medios Telemicro), Santiago de Jesús Moronta (Canal 47) y Valentín Báez (Teleantillas). También participó Sandra Pons presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (ADORA), quien consideró que la publicidad estatal debe ser regulada siempre y cuando se vaya a obtener un bien común amparado en la seguridad jurídica.